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El informe, elaborado junto a sus homónimos de Andalucía, Cataluña, Galicia, Canarias, País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Navarra, reclama la definición de una especialidad médica


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Escena de un servicio de urgencias hospitalario. Imagen de archivo




La Defensora del Pueblo y los defensores autonómicos presentaron ayer el estudio “Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes”, que examina la realidad de los servicios de urgencias y el impacto de su funcionamiento sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entre los problemas comunes al conjunto de los servicios de urgencias, el informe señala la falta de personal, la saturación, o las dificultades de acceso y de atención sanitaria para colectivos vulnerables como los inmigrantes o las personas “en situación de fragilidad”.


Se resumen a continuación algunas de las cuarenta conclusiones de este Estudio.


RECURSOS HUMANOS


• La presencia suficiente de profesionales especializados y con experiencia no está garantizada en todas las franjas horarias y todos los días de la semana.


• La insuficiente dotación de plantillas titulares da lugar a que los médicos internos residentes asuman un grado excesivo de responsabilidad.


• El reconocimiento de la especialidad médica de urgencias y emergencias tendría efectos positivos en los resultados de calidad asistencial.


DERECHOS DE LOS PACIENTES


• Las repetidas situaciones de saturación menoscaban la dignidad de los pacientes y puede vulnerar el derecho a la intimidad y la confidencialidad.


• La experiencia de los profesionales y los métodos de gestión permiten prever el nivel de demanda asistencial a lo largo de todo el año. La disponibilidad de recursos debe ajustarse a esas previsiones.


• En los servicios hospitalarios de urgencias es imposible garantizar a los pacientes en fase terminal una muerte digna y preservar el duelo de los familiares. El sistema sanitario debe contar con recursos específicos (unidades de cuidados paliativo o de soporte vital) para la atención a estos pacientes.


• La práctica del consentimiento informado, verbal o escrito, es insuficiente.


• Insuficiente cultura del error en la práctica asistencial y con la inexistencia de un sistema coordinado de notificación de eventos adversos.


ATENCIÓN A COLECTIVOS VULNERABLES


• Los inmigrantes en situación irregular tienen derecho a recibir del sistema público atención sanitaria de urgencia. Desde la aprobación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, sin embargo, este derecho se ve dificultado por algunas prácticas administrativas que generan inquietud en este colectivo y tienen efectos disuasorios (emisión de facturas y compromisos de pago). En muchos lugares, además, la continuidad asistencial de estos pacientes no está garantizada.


• Las personas en situación de fragilidad, especialmente con trastornos cognitivos, enfermedad mental o discapacidad grave, deben poder ser atendidas con prioridad y se debe facilitar su acompañamiento por familiares o allegados, o por personal formado específicamente en esta atención.


• Para la atención a pacientes vulnerables, con riesgo de maltrato o de exclusión social, deberían ser aplicados protocolos específicos de asistencia, incluyendo la disposición de espacios reservados que preserven la intimidad de estas personas.


• Un adecuado uso por los pacientes de los servicios de urgencias hospitalarios depende de la eficaz coordinación entre niveles asistenciales y en el espacio sociosanitario, algo imprescindible para ofrecer la debida atención a determinados colectivos, como los pacientes crónicos y pluripatológicos, las personas de edad muy avanzada o las personas en exclusión social.


• La específica atención a las personas detenidas o en situación de custodia no siempre está protocolizada ni se dispone de los espacios apropiados para su atención separada.


LA CALIDAD COMO EXIGENCIA Y GARANTÍA DEL SERVICIO


• Los programas de calidad son una exigencia legal y una garantía. Resulta necesario actualizar los protocolos de actuación y potenciar su seguimiento por los profesionales.


• La acreditación de los servicios de urgencias debería generalizarse e incentivarse por las administraciones, incorporando en el proceso la opinión de los pacientes.


• Los sistemas de reclamaciones y sugerencias de los pacientes son una herramienta muy eficaz para garantizar la calidad del servicio.





Fuentes: DEFENSOR DEL PUEBLO, 26-01-2015

http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/contenido_1422264250849.html

http://www.defensordelpueblo.es/es/Prensa/Institucional/Actividades/contenido_1422279618109.html

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